Mientras crece el caos en Haití y el gobierno declara el estado de emergencia total, líderes pandilleros pidieron la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.
Uno de esos líderes es Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue» y cabecilla de una de las pandillas más poderosas -la G-9 y Familia (G-9 an fanmi)- detrás de la violencia en Haití.
Esta violencia alcanzó nuevos niveles luego de que hombres armados ingresaran el sábado a la principal cárcel del país y liberaran a más de 3.700 presos. En esa incursión, 12 personas murieron y decenas resultaron heridas.
Pero el asalto a la cárcel es un síntoma más de la delicada crisis que afecta al país caribeño, particularmente desde el año 2020.
La batalla de las pandillas por el control territorial sirvió de base para crear una cadena de violencia que ha dejado tras de sí miles de muertos y una situación de inestabilidad social cada vez más crítica.
Uno de los momentos más graves fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, lo que precipitó una crisis institucional en el país que está lejos de resolverse.
De acuerdo a distintos reportes, con el reciente asalto a la prisión la intención de las pandillas, que controlan cerca del 80% del territorio de Puerto Príncipe, ha sido la de exigir la renuncia del primer ministro Henry.
«Pedimos a la Policía Nacional de Haití y al ejército que asuman su responsabilidad y arresten a Ariel Henry. Una vez más, la población no es nuestro enemigo; los grupos armados no son sus enemigos”, dijo Chérizier mediante un mensaje en redes sociales.
El líder criminal ha reclamado en el pasado al gobierno de Henry una amnistía y la liberación de todos los miembros de su grupo.
Y esa petición no viene de un nombre cualquiera: Chérizier, un expolicía ahora convertido en jefe criminal, se ha consolidado como una de las principales figuras en la oleada de violencia pandillera que ha sacudido a Haití en los últimos años.
Según Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Haití. Por esa razón, Washington y la ONU le impusieron sanciones.
Desde la muerte de Moïse, Chérizier pasó a tener un papel más protagónico al promover una revolución contra la «corrupta» élite política del país.
Y una de sus herramientas favoritas son las redes sociales, no solo para expandir su mensaje sino también para captar seguidores para su organización armada.
De la policía a controlar las calles
La primera pregunta que surge sobre su figura es el porqué de su apodo.
Él ha dicho en entrevistas que se debe a que su madre vendía pollo por las calles.
Pero, según algunos testigos de la violencia haitiana, se debe a que acostumbra a quemar las casas y los cadáveres de sus víctimas.
Aunque empezó como agente de la policía, Chérizier hoy es el líder de la llamada G-9 y Familia, una alianza de algunas de las bandas más peligrosas en uno de los países más violentos del mundo.
Junto a otras poderosas organizaciones criminales -entre ellas la 400 Mawozo, la banda a la que se atribuyó el secuestro de un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en 2021-, la G9 y Familia ha contribuido al caos, y Chérizier ha sido su motor.
Nacido en la capital haitiana hace aproximadamente 47 años, ni las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra él ni ninguna autoridad de su país han logrado controlar su accionar.
Pero la carrera criminal de Chérizier comenzó cuando era policía y se vio involucrado en la muerte de nueve civiles, que cayeron en el marco de lo que se presentó como una operación oficial contra las mafias en Grand Ravine, un barrio de Puerto Príncipe, en noviembre de 2017.
A partir de ese momento también comenzó su relación con las pandillas que operan en el país. Primero con la Delmas 6, donde se convirtió en uno de sus principales voceros.
De acuerdo a informes locales e internacionales, Chérizier logró obtener el poder de esa pandilla gracias a favores de la policía y el gobierno de Moïse.
Y como policía cometió presuntamente algunas de las atrocidades por las que luego fue sancionado en instancias internacionales.
La ONU y Estados Unidos han señalado que fue uno de los funcionarios implicados en la matanza de La Saline, un barrio de Puerto Príncipe, en el que decenas de personas murieron en un ataque coordinado de la policía y grupos criminales contra la población local para, según dijo el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, «reprimir a la disidencia política».
